Por Procure Latam
06 de Febrero, 2026
Diversos medios de todo el mundo han reportado las nuevas decisiones de la Casa Blanca con respecto al petróleo y Cuba. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que establece un sistema de aranceles para naciones que vendan petróleo o productos derivados a Cuba. Esta medida, que se toma alegando razones de seguridad nacional debido al apoyo militar de la isla a adversarios estadounidenses, como Rusia, China e Irán, otorga a los miembros del gabinete la facultad de determinar el alcance de estos gravámenes. El mandatario estadounidense insistió recientemente en que México dejará de suministrar crudo a la isla, afirmando que la presidenta Claudia Sheinbaum ya ha suspendido los envíos, aunque el gobierno mexicano no ha emitido una confirmación oficial sobre el cese definitivo de las exportaciones.
La administración de Claudia Sheinbaum mantiene una postura diplomática y busca gestionar permisos internacionales para continuar el suministro de combustible por razones humanitarias. La mandataria mexicana confirmó el envío de alimentos e insumos básicos durante la primera semana de febrero, bajo la coordinación de la Secretaría de Marina. Mientras tanto, su administración intenta resolver la situación del petróleo mediante el diálogo con el Departamento de Estado de EE. UU. La presidenta advirtió que la imposición de estos aranceles secundarios podría desencadenar una crisis humanitaria profunda en Cuba, afectando directamente la operación de hospitales y servicios básicos, haciendo énfasis en la necesidad de respetar el derecho internacional y los canales diplomáticos.
Expertos en comercio exterior señalan que esta orden ejecutiva funciona como una herramienta de presión geopolítica —delegando en los secretarios de Comercio y de Estado la supervisión de ventas directas o indirectas a través de terceros— para ganar ventaja estratégica en el Caribe. Trump reiteró que el objetivo final es iniciar negociaciones con las autoridades cubanas para lograr un nuevo acuerdo político, asegurando que el fin de los suministros externos obligará a la isla a buscar un trato con Washington. Este conflicto escala las tensiones en el Procurement energético regional y obliga a México a equilibrar su política exterior histórica con las presiones de su principal socio comercial.
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