Por Procure Latam
02 de Noviembre, 2026
En 2000, una papeleta mal diseñada en Florida confundió a miles de votantes y contribuyó a una de las elecciones presidenciales más disputadas de la historia de Estados Unidos. Veintiséis años después, una orden de Donald Trump que buscaba cambiar las reglas del voto por correo llegó hasta la Corte Suprema cuando los preparativos de las elecciones de medio término ya estaban en marcha. En 2022, la industria necesitó 30 millones de libras de papel para imprimirlas. ¿Cómo se abastece una elección que debe funcionar en un solo día y no admite errores?
La respuesta empieza mucho antes de que se abra la primera urna.
A primera hora de este martes 3 de noviembre, en el gimnasio de una escuela de Ohio o en la biblioteca municipal de algún condado de Arizona, un funcionario electoral abrirá una caja con boletas recién impresas. Cada una habrá sido diseñada para una jurisdicción específica, producida con papel de características técnicas precisas y transportada bajo protocolos de seguridad. El papel que los votantes marcarán durante el día fue encargado meses atrás, en una operación que debe anticipar tanto la demanda como los plazos de distribución.
Las midterms renuevan la totalidad de la Cámara de Representantes, un tercio del Senado y decenas de gobernaciones. Pero antes de que las cadenas de televisión empiecen a proyectar resultados, hay una operación menos visible que debe funcionar: conseguir que cada votante tenga la boleta correcta, en el lugar correcto, a la hora indicada.
En Estados Unidos, esa operación se reparte entre miles de jurisdicciones. Es uno de los ejercicios de abastecimiento público más grandes y fragmentados del país.
Estados Unidos no tiene una boleta electoral única. Cada estado establece sus reglas y son los condados (y, en algunos casos, los municipios) los que organizan las elecciones, contratan imprentas y compran equipos.
En una misma jornada se puede votar por senadores, jueces, fiscales, autoridades escolares y medidas locales. Dos vecinos que viven a pocas cuadras pueden recibir papeletas distintas, con diferente número de páginas, candidatos y consultas.
Para las imprentas, eso significa producir miles de versiones de un mismo producto. Cada una debe corresponder a una jurisdicción, cumplir con sus requisitos legales y estar disponible antes del 19 de septiembre.
La fragmentación también afecta la compra de tecnología. Los condados adquieren máquinas de votación, escáneres y software con presupuestos propios. En muchos casos, las licitaciones ocurren una vez cada década. La decisión no consiste solamente en elegir un equipo: también determina quién mantendrá el sistema, quién capacitará a los funcionarios y cuánto costará cambiar de proveedor.
La historia moderna de las compras electorales estadounidenses tiene un antes y un después: Florida, noviembre de 2000.
La elección presidencial entre George W. Bush y Al Gore se definió por 537 votos en ese estado, después de semanas de recuentos y disputas judiciales. En el condado de Palm Beach, una papeleta diseñada en formato de mariposa ubicaba a los candidatos a ambos lados de una columna central de perforaciones. El diseño llevó a algunos votantes a marcar una opción distinta de la que pretendían.
En otros condados, las tarjetas perforadas del sistema Votomatic dejaron pequeños fragmentos de cartón parcialmente desprendidos. Los funcionarios debieron examinar las papeletas una por una para determinar si esos restos correspondían a un voto.
La elección puso en evidencia que una boleta no es un soporte neutral. Su diseño, su material y la forma en que se interpreta una marca pueden alterar el resultado de una votación.
Dos años después, el Congreso aprobó la Help America Vote Act, que autorizó cerca de US$3.860 millones para modernizar los sistemas electorales. Parte de esos recursos se destinó a reemplazar máquinas de palanca y tarjetas perforadas.
La urgencia por modernizar llevó a muchos condados a comprar sistemas electrónicos que no generaban un registro físico del voto. Con el tiempo, las dudas sobre la posibilidad de auditar esos resultados impulsaron un nuevo ciclo de compras. La tecnología adquirida para resolver un problema terminó creando otro: cómo verificar de manera independiente lo que había registrado una máquina.
Mientras la demanda está dispersa entre miles de jurisdicciones, el mercado de equipos de votación está concentrado en pocos proveedores.
Election Systems & Software (ES&S), Hart InterCivic y Dominion (vendida en 2025 y hoy operando como Liberty Vote) controlan en conjunto cerca del 90% del mercado, según un estudio citado por The Atlanta Journal-Constitution.
El negocio no termina con la entrega de una máquina. Los contratos pueden incluir licencias de software, mantenimiento, capacitación y, en algunos casos, impresión de boletas.
Georgia ofrece una idea de la escala. El estado desplegó alrededor de 30.000 máquinas de Dominion para las elecciones de 2020, en un contrato de diez años valorado en unos US$107 millones. El acuerdo vence en 2029.
Cambiar de proveedor supone recertificar equipos, capacitar funcionarios y adaptar procedimientos. En una operación que debe funcionar bajo presión y con reglas estrictas, esos costos de salida pueden pesar tanto como el precio inicial.
El papel electoral tiene una particularidad: no basta con que sea blanco, resistente y esté disponible. Los escáneres que cuentan los votos están calibrados para determinadas características físicas. Una variación en el grosor, la opacidad o el brillo puede afectar la lectura de las marcas.
Eso limita las alternativas de abastecimiento. Las imprentas necesitan proveedores capaces de producir el papel con las especificaciones requeridas y entregarlo en cantidades suficientes, sin que la calidad cambie entre lotes.
En 2022, la escasez de papel y los problemas logísticos pusieron esa cadena bajo presión. El Bipartisan Policy Center reportó que los pedidos que antes tardaban días o semanas podían tomar meses, y que los costos habían aumentado un 40% o más.
Un condado de Michigan tuvo que encargar en octubre de 2021 el papel para una primaria que se celebraría en agosto de 2022. No era una compra extraordinariamente anticipada: era una forma de asegurar que el material estuviera disponible cuando comenzara la impresión.
El calendario electoral agrega una restricción más. La ley federal exige que las boletas se envíen a militares y votantes en el extranjero al menos 45 días antes de la elección. Pero las papeletas no pueden imprimirse definitivamente hasta que se conozcan los candidatos y las medidas que aparecerán en ellas. La demanda se confirma tarde, mientras que el proveedor necesita recibir la orden temprano.
En las elecciones de 2022, la industria calculó que necesitaría unos 30 millones de libras de papel. Las imprentas debieron gestionar el abastecimiento con meses de anticipación, en un mercado donde también competían con otros sectores por la materia prima.
Este año, la cadena enfrentó un riesgo distinto: la posibilidad de que cambiaran las reglas del voto por correo cuando los preparativos ya estaban avanzados.
En marzo, una orden ejecutiva de Donald Trump dispuso nuevas restricciones para la entrega postal de boletas. Entre otras medidas, contemplaba un sistema de listas de votantes y requisitos específicos para los sobres, incluidos códigos de barras únicos.
La implementación quedó atrapada en una disputa judicial. El 14 de septiembre, la Corte Suprema mantuvo bloqueadas las nuevas reglas para las elecciones de noviembre. El juez Brett Kavanaugh señaló que los funcionarios electorales no tenían tiempo suficiente para implementarlas antes de la votación.
El fallo evitó que los estados tuvieran que adaptar sus sistemas de voto por correo en plena preparación de la elección. Pero el episodio expuso un problema que va más allá de la disputa legal: una modificación de especificaciones puede tener consecuencias sobre materiales ya impresos, sistemas informáticos, contratos y calendarios de distribución.
En una operación de este tamaño, cambiar una regla no significa solamente actualizar un documento. Puede implicar volver a producir, reimprimir, transportar y verificar.
Esta noche, cuando las cadenas de televisión empiecen a pintar el mapa de rojo y azul, la conversación girará en torno a quién ganó el Congreso y qué significa para la Casa Blanca.
Detrás de esos resultados habrá una operación que comenzó mucho antes: miles de órdenes de compra, contratos con proveedores especializados, millones de libras de papel y sistemas que deben funcionar con precisión.
La elección ocurre en un día. Su abastecimiento, en cambio, empieza meses antes. Y aunque cada jurisdicción tiene sus propias reglas, todas comparten la misma condición: el material debe estar listo cuando el votante llegue.
En una industria acostumbrada a planificar por temporadas, la elección tiene una particularidad difícil de replicar: no existe una segunda fecha para entregar el producto.
